Veracruz: Seguridad, cuando la estadística no camina por las calles.

Entre Tirios y Troyanos

Por: Fernando Mendoza

Académico, Analista Político y Consultor Media Training

Veracruz: Seguridad, cuando la estadística no camina por las calles

En Veracruz, la seguridad pública vuelve a ocupar el centro del debate no solo por los hechos de alto impacto registrados en las últimas dos semanas, sino por la persistente brecha entre los datos oficiales y la percepción ciudadana. Este desfase, recurrente en contextos de violencia estructural, no es un asunto menor: condiciona la confianza en las instituciones, moldea el comportamiento social y define el clima político.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz reportó una reducción aproximada del 28% en homicidios dolosos en comparación con periodos anteriores. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó recientemente que “los homicidios dolosos han disminuido de manera sostenida, al tiempo que se han incrementado las detenciones y aseguramientos de armas y drogas”. Esta afirmación se sustenta en cifras oficiales que reportan más de 3,500 detenciones por delitos de alto impacto y el aseguramiento de más de mil armas en el estado durante el último año.

Sin embargo, estos datos conviven con una realidad cotidiana marcada por hechos violentos que, por su simbolismo y crueldad, superan su peso estadístico. Tan solo en los primeros días de enero de 2026 se registraron al menos 14 homicidios dolosos en la entidad, según reportes preliminares. A esto se suman casos como el feminicidio de una profesora en Agua Dulce, o los recientes procesos judiciales por homicidio y extorsión en municipios como Cardel, Tatahuicapan y el puerto de Veracruz.

No se trata únicamente de contar muertos, sino de comprender cómo estos hechos se insertan en una narrativa social de inseguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestra que, en ciudades clave como Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa, más del 60% de la población adulta se siente insegura. En el puerto de Veracruz, por ejemplo, la percepción de inseguridad pasó de poco más del 50% a cerca del 70% en apenas un trimestre

La gobernadora Rocío Nahle ha defendido una narrativa institucional centrada en los avances cuantificables. “Veracruz ha logrado su semestre más seguro en una década”, afirmó en un informe reciente, subrayando la coordinación con fuerzas federales y los resultados operativos de su administración. En el mismo sentido, destacó que la jornada electoral de 2025 se desarrolló “con saldo blanco”, lo que, desde su perspectiva, evidencia una mejora sustantiva en las condiciones de seguridad.

No obstante, la percepción ciudadana parece caminar por una vía distinta. Este fenómeno no es exclusivo de Veracruz, pero en el contexto local adquiere particular relevancia debido a la historia reciente del estado, marcada por episodios de violencia política, expansión del crimen organizado y un prolongado desgaste institucional. La memoria social no se borra con un semestre de cifras favorables; se construye, o se erosiona, con experiencias acumuladas.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha enfatizado el incremento en vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias. En comunicados recientes, la institución ha informado sobre avances en casos de homicidio, extorsión y feminicidio, lo cual, en términos jurídicos, representa un avance respecto a la impunidad estructural que históricamente ha caracterizado a la entidad. Sin embargo, la eficacia procesal no siempre se traduce en percepción de justicia.

Desde la oposición política, las críticas han sido constantes. Legisladores y dirigentes partidistas han señalado que “las cifras oficiales no reflejan lo que viven las familias en colonias, comunidades rurales y zonas urbanas marginadas”. Aunque estas posturas deben leerse también en clave política, no pueden desestimarse como simples discursos partidistas, pues encuentran eco en encuestas, testimonios ciudadanos y cobertura periodística local.

Un elemento particularmente sensible es la violencia de género. Veracruz cerró 2025 como una de las entidades con mayores registros de violencia contra mujeres, incluyendo feminicidio y extorsión. Organizaciones civiles han advertido que, pese a los avances institucionales, persiste una normalización de la violencia que impide a muchas víctimas denunciar. En palabras de una activista veracruzana: “No basta con capturar agresores; necesitamos que las mujeres se sientan seguras para salir de casa, denunciar y vivir sin miedo”.

Aquí emerge una de las claves analíticas: la diferencia entre reducción delictiva y percepción de seguridad no es una anomalía estadística, sino un fenómeno social complejo. La seguridad no se experimenta únicamente a través de indicadores oficiales, sino mediante prácticas cotidianas: poder transitar sin temor, confiar en la policía, creer que denunciar tendrá consecuencias reales. Cuando estas condiciones no se cumplen, la percepción negativa persiste, incluso si algunos delitos disminuyen.

Además, no todos los delitos pesan igual en el imaginario colectivo. Un homicidio doloso puede ser estadísticamente “uno más”, pero si ocurre en un espacio público, involucra a personas conocidas o se relaciona con extorsión, secuestro o violencia contra mujeres, su impacto simbólico es exponencial. La cobertura mediática, las redes sociales y la conversación comunitaria amplifican estos hechos, configurando una narrativa de inseguridad que no se disuelve con comunicados oficiales.

En este contexto, el discurso gubernamental enfrenta un desafío comunicacional y político. Insistir exclusivamente en cifras positivas puede interpretarse como negación de la experiencia ciudadana. Por el contrario, reconocer la persistencia del miedo social no implica deslegitimar los avances, sino integrarlos en una narrativa más honesta, compleja y empática.

Una estrategia de seguridad eficaz no se limita a reducir homicidios; debe abordar fenómenos como la extorsión, la violencia familiar, la desaparición de personas y la violencia de género. Además, requiere políticas de prevención social, fortalecimiento institucional, profesionalización policial y, sobre todo, reconstrucción de la confianza pública.

La gobernadora Nahle ha señalado que su administración trabaja en coordinación con el gobierno federal y municipal para consolidar un modelo integral de seguridad. Este enfoque, en principio, es consistente con las mejores prácticas internacionales, que subrayan la necesidad de articulación interinstitucional. No obstante, su efectividad dependerá de la capacidad para traducir los avances operativos en mejoras tangibles para la ciudadanía.

Por su parte, el secretario García Harfuch ha insistido en que los resultados en Veracruz forman parte de una tendencia nacional de reducción del homicidio doloso. “No se trata de cifras aisladas, sino de una estrategia sostenida”, afirmó recientemente. Esta visión macro, aunque relevante, debe dialogar con las particularidades regionales, donde los patrones delictivos, las dinámicas comunitarias y las estructuras criminales presentan configuraciones específicas.

Desde una perspectiva académica, el caso de Veracruz ilustra un problema clásico de la política pública: la tensión entre indicadores de desempeño y percepción social. La literatura especializada advierte que, cuando esta brecha se amplía, se debilita la legitimidad institucional, incluso si los resultados objetivos mejoran. En términos de gobernanza, la percepción es, en sí misma, un hecho político.

Esto no significa que las cifras carezcan de valor. Por el contrario, son indispensables para evaluar políticas, asignar recursos y diseñar estrategias. Pero su interpretación debe ser contextualizada, crítica y transparente. La reducción de homicidios es una buena noticia, pero no puede ser presentada como sinónimo de seguridad plena, especialmente cuando otros delitos persisten o aumentan.

Asimismo, es fundamental analizar la distribución territorial de la violencia. Veracruz no es un espacio homogéneo; existen regiones con dinámicas de seguridad relativamente estables y otras con alta conflictividad. Las políticas públicas deben reconocer estas diferencias y evitar soluciones uniformes para problemas heterogéneos.

En el plano social, la percepción de inseguridad tiene efectos concretos: modifica rutinas, debilita el tejido comunitario, afecta la economía local y erosiona la confianza interpersonal. Comercios que cierran temprano, familias que restringen la movilidad de sus hijos, ciudadanos que evitan denunciar por miedo a represalias: estas prácticas configuran un ecosistema social de cautela permanente.

Desde la oposición, se ha planteado que el gobierno estatal debe abrir espacios de diálogo con organizaciones civiles, académicos y especialistas independientes para evaluar las políticas de seguridad. Esta propuesta no debería entenderse como confrontación, sino como una oportunidad para enriquecer el diagnóstico y fortalecer la legitimidad de las acciones gubernamentales.

La Fiscalía, por su parte, enfrenta el desafío de comunicar no solo resultados procesales, sino avances sustantivos en la lucha contra la impunidad. La justicia no se mide únicamente en carpetas abiertas o sentencias dictadas, sino en la percepción de que el sistema funciona, protege y repara.

En síntesis, Veracruz se encuentra en un punto de inflexión. Los datos oficiales sugieren avances parciales en materia de seguridad, particularmente en la reducción del homicidio doloso. Sin embargo, la persistencia de hechos de alto impacto, la violencia de género y la percepción ciudadana de inseguridad revelan que estos avances aún no se traducen en una sensación generalizada de tranquilidad.

La tarea pendiente no es menor: implica no solo continuar reduciendo delitos, sino transformar la experiencia cotidiana de seguridad, reconstruir la confianza institucional y articular una narrativa pública que reconozca tanto los avances como los desafíos. Solo así será posible cerrar la brecha entre la estadística y la calle, entre el discurso y la experiencia, entre el dato y el miedo.

En última instancia, la seguridad no se decreta ni se comunica; se construye. Y se construye no solo con patrullas, detenciones y cifras, sino con justicia efectiva, prevención social, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con la convicción ciudadana de que el Estado no solo existe, sino que protege.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI; comunicados oficiales y declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; comunicados institucionales del Gobierno del Estado de Veracruz y de la gobernadora Rocío Nahle; reportes y estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; La Jornada, Jornada Veracruz, Notiver, AVC Noticias, Imagen de Veracruz, Meganoticias Veracruz e Infobae México, posicionamientos públicos de organizaciones civiles y colectivos de víctimas en el estado.

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