Pizu asegura que videojuegos no provocan violencia y advierte sobre riesgos de vigilancia del SAT
El experto en tecnología Emilio Saldaña “Pizu” afirmó que no existe una relación directa entre los videojuegos violentos y el comportamiento agresivo, como se ha planteado en algunos debates públicos. En entrevista, explicó que estudios recientes muestran que los factores determinantes de la violencia provienen del contexto familiar y social, no del contenido digital. También habló sobre la supuesta “ley espía” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las dificultades que puede provocar la fuga de información.
“Durante años se pensó que la violencia en los videojuegos influía en la conducta de los jugadores, pero las investigaciones más recientes indican lo contrario”, explicó Pizu. “Influye mucho más el entorno en el que te desenvuelves, como la familia o el contexto social”, añadió.
El especialista consideró en el programa “A las Nueve con Uno”, injustificado el posible gravamen a los videojuegos con contenido violento, propuesto como una medida para reducir la violencia. Señaló que este tipo de impuestos podría afectar el desarrollo de la industria mexicana del gaming, especialmente a los estudios pequeños que comienzan a tener relevancia internacional.
“Prácticamente con este tipo de acciones estaríamos matando la posibilidad de que esta industria crezca”, señaló. También advirtió que una definición ambigua de “violencia gráfica” podría derivar en censura o en restricciones injustificadas para los creadores.
Videojuegos también se usan con fines educativos
Pizu recordó que los videojuegos tienen un valor pedagógico importante, pues fomentan el desarrollo de habilidades cognitivas, de comunicación y de resolución de problemas.
“Hoy vemos que los videojuegos contribuyen en términos pedagógicos al desarrollo de habilidades y al aprendizaje”, indicó. Agregó que existen proyectos escolares que ya utilizan videojuegos como herramientas educativas.
Pizu alerta por iniciativa del SAT que generó preocupación en redes
Durante la entrevista, el especialista también se refirió a la polémica surgida por una supuesta “ley espía” del SAT, que habría permitido una conexión constante entre la autoridad fiscal y plataformas digitales.
Explicó que el tema generó preocupación porque se interpretó como un intento de monitoreo permanente de las actividades en línea de los ciudadanos, desde servicios de streaming hasta compras electrónicas.
Sin embargo, el SAT desmintió esta versión mediante una tarjeta informativa, en la que aseguró que no busca espiar a los usuarios, sino mejorar los mecanismos de recaudación.
“Tal como estaba planteada la redacción, abría la puerta a riesgos con los datos personales, hackeos o mal uso de información por parte de servidores públicos”, señaló Saldaña.
Riesgos para la privacidad digital
Pizu recordó que aunque las redes sociales y servicios digitales ya poseen gran cantidad de datos personales, el riesgo aumenta cuando el monitoreo es constante y obligatorio, sin consentimiento del usuario.
“Hoy, los datos están distribuidos entre distintas dependencias o empresas privadas, pero existe una ley que los protege. Un monitoreo generalizado sí representaría un riesgo mayor”, puntualizó.
El especialista subrayó la importancia de ajustar las iniciativas legales para que cualquier revisión fiscal se realice solo en casos específicos y no sobre toda la ciudadanía.
