Plan B de reforma electoral “va por menos privilegios y más participación”: Claudia Sheinbaum
CDMX/
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Plan B de la reforma electoral busca reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana, mediante cambios constitucionales y legales que incluyen límites al gasto público, ajustes en estructuras locales y nuevas reglas de fiscalización.
Durante su mensaje, la mandataria detalló que la propuesta contempla topes a los recursos de congresos locales, así como la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, con un máximo de 15 integrantes por Cabildo. Asimismo, se plantean límites a los salarios de consejeros y magistrados electorales —tanto federales como locales— para que ninguno perciba ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo.
Entre otras medidas, se propone una reducción del 15 por ciento al presupuesto del Senado y que la elección del Poder Judicial se realice en 2027.
Sheinbaum Pardo también planteó modificar el mecanismo de revocación de mandato, para que la consulta se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto, como ocurre actualmente.
En materia electoral, se propone que el cómputo de la elección federal inicie con la llegada del primer paquete de votos, con el objetivo de agilizar los resultados.
“Ese es en esencia el Plan B. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se debe destinar tantos recursos a los partidos”, expresó la presidenta, al recordar que estas propuestas no fueron aprobadas previamente por la oposición y algunos legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
La iniciativa también establece mayores mecanismos de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, incluyendo la obligación de hacer públicos todos los recursos que reciben y prohibir que sus dirigentes perciban salarios o beneficios superiores a los del Ejecutivo federal, así como la eliminación de bonos y seguros médicos privados.
Además, se refuerza la fiscalización, permitiendo incluso la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de ser solicitada por la autoridad electoral, para revisar el origen de los recursos y evitar desvíos o financiamiento ilícito.
Respecto a los gobiernos municipales, la presidenta señaló que se busca eliminar excesos en la integración de Cabildos, donde actualmente pueden existir hasta 25 regidores en algunos casos. Con la reforma, el número se ajustaría entre siete y 15, dependiendo de la población, y se prohibirían ingresos adicionales más allá del salario.
Para los congresos locales, se propone un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Aquellos que se encuentren por debajo solo podrán aumentar su gasto en términos reales, mientras que los que estén por encima deberán reducirlo.
Sobre la elección del Poder Judicial, la mandataria indicó que se mantiene la fecha de 2027, con ajustes para reducir el número de candidatos en las boletas y fortalecer la revisión de perfiles por parte de los comités de los tres poderes.
Sheinbaum reiteró que continuará impulsando medidas para disminuir el gasto en procesos electorales, en los partidos políticos y en las figuras plurinominales, además de recordar que a partir de 2030 quedará prohibido el nepotismo.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que la iniciativa presidencial mantiene como eje central la austeridad republicana y la reducción de costos en el sistema electoral.
“Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó.
La funcionaria agregó que el Plan B contempla modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a cinco artículos de la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de optimizar el gasto público y destinar mayores recursos a infraestructura social en beneficio de la población.
