¿DESTITUCIÓN PARA EL GOBERNADOR DE MICHOACÁN?

Mientras Carlos Manzo rogaba por ayuda durante meses, mientras cancelaba el Grito de Independencia pidiendo «auxilio urgente», mientras clausuraba obras exigiendo seguridad, el gobierno estatal brillaba por su ausencia. El alcalde responsabilizó públicamente en julio a Alfredo Ramírez Bedolla de la crisis de seguridad en Michoacán, denunciando «presuntos abusos, corrupción y complicidad del gobierno estatal con grupos criminales».

Pero lo más grave: cuando Manzo alzaba la voz desesperado, el líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora, se burlaba diciéndole que «no es a gritos ni a sombrerazos como se van a resolver los problemas que hay en Uruapan». Mientras el alcalde enfrentaba cinco cárteles simultáneamente, mientras sus policías morían, mientras él vivía con chaleco antibalas temiendo por su vida, la respuesta fue burla y menosprecio.

Y dos semanas antes del asesinato de Manzo, Bernardo Bravo Manríquez, líder de los limoneros de Apatzingán, fue torturado y ejecutado el 20 de octubre tras denunciar extorsiones del narco. Bravo tenía escoltas del gobierno estatal y vehículo blindado asignados por Bedolla, pero al llegar a Apatzingán los dejó y cambió de vehículo. Fue citado supuestamente para negociar. Lo torturaron y le dispararon en el rostro. Es el tercer productor limonero asesinado en menos de un año bajo este gobierno.

Los números no mienten: bajo el gobierno de Bedolla, Michoacán registra 533 homicidios y seis alcaldes asesinados solo en 2025. Tres líderes limoneros ejecutados en un año. En julio, Manzo acusó directamente al gobernador y a la Guardia Civil de extorsiones, agresiones y violaciones a derechos humanos, señalando que «las fuerzas estatales se enfocan en reprimir a la sociedad en lugar de enfrentar a los grupos delictivos».

Hoy, tras los asesinatos, Bedolla condena «enérgicamente» los atentados. Promete que «el crimen no quedará impune». Pero cuando Manzo estaba vivo suplicando protección, ¿dónde estaba esa energía? ¿Dónde estaba cuando Bernardo Bravo denunciaba extorsiones mes tras mes? ¿Dónde estaba cuando su propio partido se burlaba del alcalde? En febrero, hasta el Colegio de Abogados de Uruapan exigió al gobernador garantizar seguridad o renunciar. Nadie escuchó.

¿Estás de acuerdo con que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla debería renunciar? Un alcalde le pidió ayuda durante meses, lo responsabilizó de la crisis de seguridad, su partido se burló de él, y terminó asesinado frente a niños. Un líder limonero denunció extorsiones, tenía escoltas estatales, y lo ejecutaron igual. Seis alcaldes muertos, tres líderes limoneros ejecutados, 533 homicidios, y solo hay condenas después de las tragedias. Nunca protección antes. ¿Cuántos más tienen que morir para que haya consecuencias?