Propuestas de regulación al periodismo en Puebla y Veracruz generan debate sobre libertad de expresión.
Xalapa, Ver./ Iniciativas legislativas en los estados de Puebla y Veracruz han generado controversia entre periodistas y defensores de la libertad de expresión, al plantear medidas que algunos consideran como protección contra la desinformación y otros como un intento de censura encubierta.
En Puebla, el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, impulsa la Ley que Establece los Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo, la cual propone que periodistas y medios se abstengan de incurrir en errores o falsedades en sus informaciones y prohíbe la tergiversación intencional de contenidos con el objetivo de causar daño moral. Esta iniciativa ha sido criticada por sectores del gremio periodístico que la ven como una posible herramienta para restringir la labor informativa.
Por su parte, en Veracruz, la diputada local de Morena, Dorheny García Cayetano, anunció en noviembre pasado su intención de presentar una iniciativa para sancionar a medios de comunicación que reproduzcan opiniones consideradas como violencia política en razón de género. Según la legisladora, su propuesta busca evitar la difusión de mensajes que perpetúen estereotipos de género y violencia mediática, además de regular la celebración de convenios entre medios y el gobierno del estado.
“La reproducción de dichos que orientan la opinión pública en torno a falacias ha sido una constante en campañas contra figuras como la presidenta y la gobernadora”, expresó García Cayetano, quien defendió la necesidad de sanciones reales para evitar la difusión de contenidos que atenten contra la equidad de género en el ámbito político.
Estas iniciativas han despertado preocupaciones entre organizaciones de libertad de prensa, que advierten que podrían convertirse en mecanismos de control sobre los medios de comunicación. En el caso de Veracruz, la discusión sobre la regulación de medios se suma a la Ley de Comunicación Social aprobada en 2019, que estableció normas para la realización de convenios con el gobierno estatal y la creación de un padrón de medios de comunicación.
Dicha ley establece que las campañas de comunicación social deben promover valores constitucionales y evitar el uso de imágenes o nombres de servidores públicos para evitar la promoción personalizada. También prohíbe la difusión de contenidos que impliquen ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros.
Mientras estas propuestas avanzan en el debate legislativo, periodistas y organizaciones continúan analizando sus posibles implicaciones y exigiendo garantías para el ejercicio pleno de la libertad de prensa en México.
